Acceso a la información pública: “Democracia es transparencia”

Pasaron casi 18 años desde la primera media sanción del proyecto de Ley de acceso a la información pública, autoría del bloque del Partido Demócrata Progresista. Allá por 2002 la ciudadanía, junto a organizaciones civiles, insistían en la necesidad de transparentar los actos de gobierno. De esta manera, en septiembre de 2002 se presentó la iniciativa de libre acceso a la información, de toda persona física y jurídica, a los actos de gobierno de los tres poderes del Estado, sus entes descentralizados y entidades autárquicas. El principio republicano de publicidad de los actos de gobierno ya está consagrado en el Artículo 1° de la Constitución de la Provincia. “Es una respuesta a inquietudes ciudadanas y pretende mejorar la calidad institucional de los tres poderes de Santa Fe. El que no entiende que lo público tiene que tener este tratamiento debe dedicarse a la actividad privada. Democracia es transparencia”, expresó el legislador del PDP, Gabriel Real.

Luego de las presentaciones que tuvieron media sanción por unanimidad en Diputados en 2002, 2003, 2005, 2009, 2011, 2016 y en 2018 el bloque provincial del PDP insistió una vez más con esta vieja demanda, aún no resuelta, en la sesión de este jueves 30 y logró la octava media sanción. Desde el año 2009, la Provincia de Santa Fe, a través del Decreto 692 cuenta con una herramienta que permite de alguna manera acercarse al ideal que se busca con este proyecto, pero no deja de ser limitado, pues aún existen barreras que no pueden ser salvadas sino a través de una ley.

“Pese a que nadie se opone, al menos públicamente, a las políticas de transparencia, la cultura del secreto y el oscurantismo está muy arraigada en ciertos sectores de la administración pública. En los hechos, no se logró la sanción definitiva porque el Senado impidió el tratamiento de esta ley y por ende que la provincia cuente con una herramienta que sea amplia y sin restricciones, y optaron por adherir a la ley nacional vigente que lejos está de ser transparente y otorgar las respuestas a todos los planteos y requerimientos de la ciudadanía”, dijo Real.

La autoridad de aplicación en el proyecto del PDP son las tres cabezas de los tres poderes del Estado: Gobernador, Presidente de la Cámara de Diputados, Vicegobernadora y en el Poder Judicial la Corte Suprema de Justicia. “En el orden nacional se creó un instituto similar, pero se quitó autonomía y se armó la agencia anticorrupción con la conducción de un funcionario público, que en todo caso es un militante del partido del gobierno. En definitiva, esa ley de 2017 no cambió nada”, agregó Real.

Las limitaciones se sostendrían cuando la información y documentación afecte la intimidad personal o familiar de las personas, a su honor y a su propia imagen o constituyan bases de datos personales de domicilios o de teléfonos; cuando la información, antecedentes y documentación se declaren como secreta; entre otros puntos. El acceso a la información será gratuito y el requerimiento deberá ser formulado por escrito, con identificación del solicitante, sin necesidad de indicar los motivos.

“Estamos convencidos de la importancia del proyecto y del avance legislativo que significa para Santa Fe, en la búsqueda de una consolidación definitiva de la democracia y el sistema republicano. Creemos que hoy una de las demandas más fuertes de la sociedad es la transparencia. Que podamos tener esta ley significa mejorar a nuestro marco normativo, a nuestra legislación, un derecho constitucional de tercera generación”, agregó el legislador.

La trascendencia del proyecto ha sido resaltada no sólo por los Legisladores, sino por distintas organizaciones intermedias de la Provincia, entre ellas el Sindicato de Prensa. “Defendemos la transparencia en todos los actos de gobierno y la plena vigencia de esta ley tiende a evitar actos de corrupción. Una forma precisa y concreta de terminar con la crisis de representatividad y su ilegitimidad correlativa, es permitirle al ciudadano común, conocer las actuaciones y los actos de los funcionarios. Se debe entender definitivamente que la información no pertenece a la prensa ni al Gobierno, sino que es un derecho de los ciudadanos. Esperamos que ahora el Senado de tratamiento legislativo para hacer efectiva esta ley que es un viejo reclamo de la ciudadanía que claramente no pierde vigencia. Por ejemplo, esta situación excepcional de pandemia nos lleva a pensar en la importancia de que la ciudadanía pueda estar al tanto de las maneras de utilizar todos los recursos puestos en atender esta crisis excepcional”, dijo el diputado Real.

Se abre una nueva instancia, con esta nueva media sanción, por unanimidad, de la Cámara de Diputados. “¿Qué podemos querer seguir ocultando? Desde la función pública tenemos que transparentar todo. Son ejes que ya no se discuten, como el federalismo, la autonomía, el funcionamiento democrático porque estamos acá para mejorar las instituciones. La información tiene que ser de fácil acceso y si no la brindan hay responsabilidades políticas”, finalizó Real.