Crece la tensión en la Rafaela y la región por el pago de aranceles en fiestas: SADAIC Y AADICAPIF

El tema del pago de derechos de autor por la música utilizada en eventos sociales como recepciones de egresados en salones de fiestas, clubes y otros espacios sigue generando controversia en Rafaela. Este asunto involucra distintas voces, desde las entidades oficiales como SADAIC y AADICAPIF, pasando por organizadores de fiestas como casamientos, cumpleaños de 15 y fiestas de egresados, hasta las vecinales, que suelen albergar eventos sociales de menor envergadura y que defienden sus posturas con base en la legislación vigente.


Hasta el momento no se conocía la postura oficial – al menos en Rafaela – de los representantes de las entidades, quienes prefieren no hablar con la prensa, pero sí se conocieron comunicados que estos mismos representantes envían a diferentes vecinos que cuestionan el pago de estos aranceles, amparándose en un decreto del presidente Javier Milei.

Vecinales e instituciones: no pago a SADAIC, sí a AADICAPIF pero con revisión de montos

 

Por su parte, han mostrado su desacuerdo total con el cobro por parte de SADAIC, al tratarse de entidades sin fines de lucro. Agregan que en sus salones los eventos que se realizan no deben estar sujetos al pago de derechos, ya que no se trata de una actividad comercial. Las vecinales y la Municipalidad de Rafaela no generan lucro en estas actividades y el uso de los salones no implica un alquiler en sí, sino un permiso de uso, con montos muy bajos, más de índole social. Cada vez son más las vecinales que se ponen firmes ante el cobro de este impuesto, aseguran los presidentes barriales.

En cuanto a AADICAPIF, los vecinalistas sí reconocen que se debe pagar, pero una de las críticas más fuertes es el cálculo de ese monto. De acuerdo con la Resolución 390, los salones que realicen eventos con música fonograbada deben pagar un porcentaje sobre el valor del cubierto o bono. Sin embargo, las vecinales consideran que los valores establecidos son excesivos y arbitrarios, ya que, por ejemplo, si el evento recauda 50.000 pesos, el 2% de ese monto debería ser 1.000 pesos, no las sumas mucho mayores que la entidad recaudadora exige. En este sentido, han pedido explicaciones a AADICAPIF y han solicitado una revisión del cálculo, sin respuestas por el momento.


Postura de La Libertad Avanza en Rafaela: rechazo al cobro

La controversia sobre el pago de los derechos de autor en eventos sociales también ha alcanzado el ámbito político en la ciudad. Representantes de La Libertad Avanza han manifestado un firme rechazo a lo que consideran una “extorsión” por parte de SADAIC. Según representantes de la fuerza, que vienen organizando charlas al respecto, los dueños de salones de eventos se han quejado de la presión que ejerce la entidad para que paguen, incluso por eventos privados como casamientos, cumpleaños y graduaciones. En este sentido, el partido argumenta que el gobierno nacional, a través del Ministro de Justicia Mario Cuneo Libarona, ha dejado claro a SADAIC que no pueden cobrar por el uso de música en estos eventos. 
 
En particular, desde La Libertad Avanza se ha señalado que el pago de los derechos de autor en eventos como graduaciones implica sumas millonarias, y que esta situación se considera un abuso contra los organizadores y los asistentes de estos eventos. Para el partido, los eventos privados no deben estar sujetos al pago de derechos de autor, en especial cuando no hay lucro detrás de ellos.

 
Conflicto sin resolver

El debate sobre el pago de derechos de autor por la música utilizada en eventos sociales sigue siendo un tema controvertido en Rafaela y localidades de la región. Mientras SADAIC y AADICAPIF defienden la necesidad de proteger los derechos de los artistas, las vecinales y ciertos sectores políticos rechazan lo que consideran un cobro injusto, especialmente en salones de eventos sin fines de lucro. En el medio están los ciudadanos que no saben qué postura tomar, sin una intervención directa por el momento de otros estamentos como el gobierno local, provincial o la justicia. Por ahora, cada parte argumenta, pero la tensión sigue: mientras unos dicen que no quieren pagar, del otro lado amenazan con intervenir y clausurar fiestas.

 

 

 

 

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