Confirman prisión domiciliaria en Constitución y tobillera electrónica para CFK
El Tribunal determinó que desde el día de la fecha la exPresidente deberá cumplir su pena en su domicilio del barrio porteño de Constitución, cito en la calle San José 1.111, y con la aplicación de una tobillera de monitoreo electrónico.
Con esta notificación, el TOF Nº2 además desactivó la citación a Comodoro Py que había dictado en primera instancia. CFK había anticipado que comparecería este miércoles, acompañada de una movilización.
Además de la tobillera, CFK deberá atenerse a las siguientes condiciones impuestas por la justicia:
a) permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.
b) abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.
c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.
La decisión del TOF que condenó a Cristina Kirchner por defraudación al Estado desestimó el dictamen de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el que se opusieron a que la exPresidente cumpla la pena de 6 años de prisión en forma domiciliaria. No obstante, avaló el pedido de que, en caso de que se concediera el beneficio, se utilice el monitoreo electrónico.
"La defensa (de CFK) no ha demostrado que, ni se advierte que la privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández", fundamentaron los fiscales en el dictamen elevado este martes al Tribunal.
Por su parte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pidió que la domiciliaria no se conceda en el domicilio de San José 1.111, en el barrio porteño de Constitución. En un escrito de la Procuración General local ante el TOF Nº2 se manifestó la “preocupación institucional” por el impacto que la eventual medida tendría sobre la movilidad urbana, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona de alta densidad poblacional y tránsito constante.
"Según los informes técnicos adjuntos, el dispositivo de custodia permanente alteraría de forma sostenida el entorno urbano, afectando a vecinos, instituciones educativas cercanas y al funcionamiento general del macrocentro porteño", remarcaron a Clarín desde el gobierno porteño.
El fallo del Tribunal también desoyó esa solicitud.
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