Rafaela: Presunto fraude al PAMI de un médico y una farmacéutica

 

En la investigación se determinó que las maniobras se llevaron a cabo desde una farmacia con la utilización del usuario y clave de receta electrónica del médico respecto de 78 afiliados que no pertenecían a su cápita. La causa se inició tras una denuncia de la obra social de los jubilados en la UFI-PAMI.

La Sede Fiscal Descentralizada Rafaela solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa seguida a una farmacéutica de esa ciudad de la provincia de Santa Fe y a un médico prestador de PAMI, a quienes acusó por el delito de defraudación a la administración pública por haber emitido más de 600 recetas apócrifas entre febrero y septiembre de 2021 para simular la provisión de medicamentos en nombre de pacientes que no pertenecían a la cápita del médico. De acuerdo con la acusación fiscal, la maniobra generó entonces un perjuicio calculado en $1.125.228 al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

El requerimiento de elevación a juicio, que formalizó el fiscal federal Jorge Gustavo Onel ante el juez Federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, tiene como acusados al médico Alberto José Mazzuchelli, de 72 años, y a la farmacéutica Gisela Viviana Bernini, de 53 años.

De acuerdo con la pieza acusatoria, ambos profesionales confeccionaron 636 recetas a 78 afiliados ajenos a la cartera de Mazzuchelli. En la investigación se determinó que la totalidad de las recetas fueron emitidas desde computadoras ubicadas en la “Farmacia Bernini”, de acuerdo con las direcciones de IP asignadas por el servicio de telefonía Personal al domicilio del comercio de la farmacéutica.

El fiscal Onel señaló que, para que la confección fuera posible y resultara viable en el Sistema de Receta Electrónica de la obra social nacional de los/as jubilados/as, fue utilizado el usuario y la clave de acceso que brindó Mazzuchelli. “Sin este aporte esencial que prestó el médico, no hubiera podido la farmacéutica lograr las prescripciones y consecuente disposición patrimonial del órgano estatal a su favor”, remarcó en el requerimiento.

El Ministerio Público Fiscal impulsó la pesquisa con la realización de diferentes medidas de prueba y de entrevistas a diversos afiliados, a través de los cuales corroboró en todos los casos que el médico investigado no era su prestador. Por caso, uno de ellos refirió comprar medicamentos, pero sin receta médica; cuatro indicaron que consumían menor cantidad de medicamentos que los prescriptos; mientras que cinco, si bien reconocieron tomar medicamentos, aclararon que fueron recetados por sus médicos de cabecera.